La Ley de Seguridad Interior obligará a las entidades a justificar detalladamente por qué requieren de la intervención de las Fuerzas Armadas en sus territorios para combatir al crimen y, de paso, se deberán comprometer a colaborar para atender los riesgos que reportan.
Además, la ley obliga a los estados a cubrir con su presupuesto parte de los gastos que se generen por las acciones de protección que demanden.
Esta propuesta busca regular la labor del Ejército y la Marina en las tareas de seguridad en las entidades. Ya fue aprobada por los diputados el jueves y se discutirá en el Senado esta semana.